La electrificación del parque móvil en España ha dependido en gran medida de los incentivos públicos, siendo el plan MOVES la herramienta clave. Sin embargo, en comunidades autónomas con alta demanda y un compromiso creciente con la movilidad sostenible como Canarias, la gestión de los fondos ha llegado a un punto de inflexión.
El Gobierno de Canarias, a través de su sede electrónica, ha confirmado que se ha alcanzado el límite máximo de solicitudes que pueden ser admitidas con cargo al presupuesto asignado al plan MOVES III 2025, que ascendía a 17,2 millones de euros. Esto implica que, aunque el programa siga formalmente abierto hasta el 31 de diciembre de 2025, todas las solicitudes presentadas a partir de ahora "quedarán en lista de reserva pendientes de posibles ampliaciones de crédito y renuncias de expedientes presentados anteriormente".
Con poco más de un mes para cerrar 2025, el archipiélago enfrenta un escenario de incertidumbre para los compradores, ya que solo quienes estén en la lista de reserva podrán acceder a la financiación si otras solicitudes previamente aceptadas son rechazadas o desistidas. Esta situación afecta directamente a marcas, concesionarios y consumidores.
¿Vale la pena apostar por la lista de reserva?
El hecho de que se haya alcanzado el límite de solicitudes en Canarias supone un cambio abrupto en las condiciones de compra, especialmente relevante si consideramos ayudas que llegaban a 7.000 euros para turismos eléctricos e híbridos enchufables con una autonomía eléctrica superior a los 90 km (etiqueta 0 de la DGT).
Impacto en los clientes
- Riesgo de no obtener la ayuda: el comprador canario que presente su solicitud ahora asume un riesgo real de que la ayuda del MOVES III no se materialice. Su operación queda supeditada a las bajas que se produzcan en el proceso administrativo.
- Presión en la decisión de compra: quienes dependen del incentivo para hacer viable la compra solo pueden esperar la confirmación de nuevos fondos o, más probablemente, la llegada del nuevo plan estatal en 2026.
- Aprovechamiento de la deducción fiscal: aunque la ayuda directa sea incierta, los compradores aún pueden beneficiarse de la deducción fiscal del 15% en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico, lo que mitiga parcialmente la incertidumbre.
Desafíos para marcas y concesionarios
- Ventas con incertidumbre: los concesionarios deben informar al cliente sobre su posición en la lista de reserva, sin poder garantizar la ayuda, lo que dificulta cerrar operaciones.
- Presión comercial reforzada: marcas y redes de distribución se verán obligadas a reforzar sus ofertas internas, incrementando descuentos propios o facilitando financiación para asumir parcialmente el riesgo del MOVES III.
- Ralentización de ventas: en lugar de ser un impulso, el último trimestre podría experimentar una desaceleración en la venta de vehículos eléctricos hasta que haya certeza presupuestaria.
Esperanzas puestas en el Plan Auto 2030
La esperanza del sector se centra ahora en el Plan Auto 2030 que el Gobierno, junto con la patronal de fabricantes, ANFAC, planea presentar el próximo 1 de diciembre de 2025. Este plan no solo reemplazará al MOVES III, sino que se perfila como una estrategia a largo plazo para impulsar la movilidad sostenible y la reindustrialización del sector.
La principal crítica al Plan MOVES III ha sido su lentitud en la tramitación y el pago, agravada por la gestión descentralizada en las comunidades autónomas, lo que generaba grandes desigualdades territoriales como la disparidad en el agotamiento de fondos.
El Plan Auto 2030 plantea una transformación radical: la centralización de la gestión de las ayudas a través del Gobierno central, con el objetivo de garantizar las mismas condiciones y una tramitación más uniforme en toda España. El objetivo primordial es que los trámites sean significativamente más rápidos, reduciendo los tiempos de espera de meses a tan solo semanas, e incluso se está considerando la posibilidad de que el descuento se aplique de forma directa en el punto de venta al realizar la compra –petición expresa de la patronal ANFAC—, eliminando la necesidad de que el cliente adelante el dinero. Además, se espera mantener un nivel de incentivo directo similar al anterior, con la posibilidad de que las ayudas para turismos electrificados con achatarramiento alcancen los 7.000 euros.
La situación actual en Canarias –y en España– evidencia la dependencia del mercado de vehículos eléctricos de los incentivos públicos y la necesidad de una gestión más ágil. Los próximos meses serán cruciales, con el sector canario a la espera de un plan que, si cumple sus promesas de agilidad y presupuesto suficiente, podría reactivar con fuerza la electrificación en las islas a partir de 2026.
